Familias de Soacha aceptan pre acuerdo con reclutador a cambio de verdad que esclarezca participación de altos mandos en muerte de falsos positivos
Publicado el Martes, 13 Febrero 2018 - Escrito por Minga

En audiencia realizada el día de hoy 13 de febrero fue condenado a 39 años de prisión el civil Pedro Antonio Gámez Díaz, confeso reclutador de 5 jóvenes oriundos del municipio de Soacha quienes fueron asesinados por integrantes del Ejército Nacional de Colombia en el año 2008.

La condena por homicidio agravado y desaparición forzada en calidad de Coautor en los casos de Jaime Estiven Valencia Sanabria (16 años), Jhonatan Orlando Soto Bermúdez (17 años), Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Julio Cesar Mesa Vargas, obedece  a un pre acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el reclutador  quien a pesar de ser civil se encuentra detenido en el Batallón del Ejército Cantón militar Nápoles en la ciudad de Cali, sin que hasta la fecha se haya podido esclarecer las razones de dicho tratamiento especial.

Sobre la condena las familias de los jóvenes asesinados manifiestan no compensa el crimen cometido, sin embargo, la aceptan en la medida que de cumplirse a cabalidad el acuerdo se lograría develar la responsabilidad de altos mandos civiles y militares que participaron de manera directa e indirecta en estas graves violaciones a los derechos humanos que tal como manifiesta en el documento del pre acuerdo “…por la generalidad y sistematicidad de las mismas han sido consideradas por jueces nacionales y la comunidad internacional como delitos de lesa humanidad.

Desde la Asociación MINGA como representantes jurídicos de algunos de estos casos, exigimos  que la condena de este civil sea cumplida en un establecimiento carcelario y no en una guarnición militar como ha venido sucediendo hasta la fecha, además que el imputado cumpla a cabalidad con su compromiso de contar  la verdad de los hechos en los casos donde tuvo participación y otros de los cuales tenga conocimiento. Solo así se hará honor a la verdad y la justicia que desde hace más de 10 años vienen exigiendo estas familias cuyos hijos, padres, hermanos y/o esposos  se suman a las más de 5700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidos en  Colombia.  

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