Si hay un acuerdo de paz en Colombia, ¿por qué han asesinado a 164 líderes comunitarios este año?
Publicado el Viernes, 21 Diciembre 2018 - Escrito por Nuevo Herald

Antes de que mataran a su hermano y a un colega, antes de que apuñalaran a su hija, antes de que la violaran y la bañaran con ácido, antes de perder a su esposo, su negocio y su hogar, Martha Rojas soñaba con niños jugando fútbol.

Otrora líder comunitaria y empresaria en la ciudad de La Tebaida, en el oeste de Colombia, la vida de Rojas cambió cuando sus planes para crear una liga de fútbol juvenil chocaron con las pandillas locales. Ahora vive en una habitación vacía, sin agua ni electricidad, escondida de quienes la quieren ver muerta.

La oficina del Defensor del pueblo dice que a líderes comunitarios como Rojas están siendo asesinados, amenazados y acosados en niveles récord. Unos 164 de ellos han sido asesinados este año, el nivel más alto en tres años. Los crímenes son particularmente alarmantes en un momento en que la tasa nacional de homicidios está cayendo en picado y mientras el país celebra la firma de un acuerdo de paz en el 2016 con el mayor grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC.

“Nunca me he sentido más sola o más desprotegida”, dijo Rojas. “Mi vida se ha arruinado en un abrir y cerrar de ojos”.

Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para defensores de los derechos humanos, recientemente pasó 14 días en Colombia en una misión de investigación y dijo que estaba “estupefacto” al descubrir que se paga menos de $100 para que maten a alguien. Y había muchos grupos — desde pandillas criminales hasta grupos paramilitares, disidentes de las FARC e intereses corporativos — dispuestos a pagar ese precio o apretar el gatillo ellos mismos.

El punto en cuestión es el nivel de anarquía general. Cuando las FARC se desmovilizaron, el gobierno no llenó completamente el vacío de poder, y ahora hay una lucha por el control, dijo Forst. “En las áreas rurales, donde la ausencia del Estado se combina con una fuerte presencia de grupos armados organizados e ilegales, los defensores de derechos humanos son un blanco fácil para quienes los ven a ellos y a su agenda como un obstáculo para sus intereses”, dijo.

El presidente Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, dijo que la defensa de los líderes sociales es una de sus prioridades. La gubernamental Unidad Nacional de Protección brinda seguridad a más de 4,367 defensores de derechos humanos y líderes sociales, ofreciéndoles guardaespaldas, chalecos antibalas, conductores y teléfonos celulares seguros, dependiendo del nivel de amenaza. Pero los ataques suelen ser difíciles de predecir.

“Encontramos que en la mayoría de los casos en que los líderes sociales fueron asesinados no hubo una amenaza previa”, dijo Pablo Elías González, director de esa unidad. Y los ataques parecen venir de todos lados.

“Sabemos que la violencia contra los líderes sociales es sistémica”, escribió la Fundación Paz y Reconciliación, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia. “Pero no podemos decir lo mismo de los responsables de los [delitos]... La complejidad de este fenómeno se basa en lo difícil que es encontrar un patrón entre los victimarios”.

A principios de este mes, dos líderes del grupo indígena awá fueron asesinados en el occidente de Colombia en un ataque que dejó además cuatro heridos. La comunidad de alrededor de 1,000 personas se había tenido enfrentamientos con los narcotraficantes, cultivadores de coca y bandas criminales que invadieron sus tierras. Pero aún no está claro quién mató a los hombres o por qué.

Tom Laffay, fotoperiodista y documentalista estaba en esa comunidad después de los asesinatos. Dijo que el asesinato de los dos miembros más destacados de la aldea (el padre fue el fundador de la comunidad y su hijo había ganado recientemente la elección de gobernador) estremeció la aldea. Y nadie estaba dispuesto a hablar sobre lo que pudieron haber visto.

“Quien los mató obtuvo lo que quería, había tanto miedo en la comunidad”, dijo Laffay. “Fue un golpe total en la estructura de poder”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dice que al menos 100 de sus miembros fueron asesinados desde noviembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, y más de 40 de sus miembros han sido asesinados desde que Duque asumió el cargo hace cuatro meses.

Para Oscar Montero, jefe de la comisión de derechos humanos de la ONIC, los líderes indígenas son atacados porque forman parte de uno de los pocos grupos que se resisten al narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia en sus territorios.

“Estamos atrapados en el medio”, dijo Montero, quien es víctima de amenazas. “Estamos siendo asesinados por todo tipo de grupos ilegales, y los números son escandalosos”.

Los problemas de Rojas comenzaron en serio en el 2015 cuando organizó una campaña para recuperar un campo de fútbol que había sido tragado por los cultivos agrícolas. Cuando la comunidad despejó el campo, descubrieron que la vegetación ocultaba una choza donde se almacenaban drogas y armas.

 

Rojas dijo que las amenazas de muerte comenzaron casi de inmediato. Poco después del hallazgo, su hermano fue asesinado — ella cree que como represalia — y ella huyó de la ciudad, dejando atrás su hogar y sus negocios. En unos meses, la pandilla había rastreado a su hija de 15 años, que apuñalaron hasta que les dijo dónde estaba su madre.

Una noche, cuando Rojas salía de la finca cafetalera en la que trabajaba, la golpearon, violaron y la dejaron inconsciente a un lado de la carretera. Se despertó alrededor de la medianoche y dando tropezones llegó a su casa. Pero la odisea aún no había terminado. En marzo del 2016, un extraño le arrojó ácido, dejándole los brazos y el torso llenos de profundas cicatrices. Con la ayuda del grupo de derechos humanos Somos Defensores, con sede en Bogotá, fue a España por un año para buscar terapia y apartarse de la violencia. Pero ahora que está de vuelta en Colombia, las amenazas se han reanudado.

El mes pasado, Rojas recibió un mensaje de texto advirtiéndole que “la próxima vez no será ácido, te empacaremos en bolsas, perra”. Como siempre, el mensaje fue firmado “Las Águilas Negras”, un término general que abarca a casi todas las organizaciones paramilitares que ahora operan en el comercio de las drogas y extorsión.

El martes, ese mismo grupo circulaba volantes que ofrecían recompensas que iban de $300 a $1,000 por la muerte de los líderes indígenas y de seguridad local.

Diana Sánchez, de Somos Defensores, dijo que el gobierno parece incapaz, o no está dispuesto, a lidiar con la crisis, respondiendo a los brotes de violencia con el envío del ejército.

“El envío de militares y soldados no tiene nada que ver con la prevención y la protección”, dijo. “Esto tiene que ver con la falta de presencia del gobierno... El gobierno está viendo el aumento exponencial de los grupos armados, los disidentes [de la guerrilla], los paramilitares, y es como si estuvieran dormidos”.

El jueves, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que la estrategia del gobierno para proteger a los líderes estaba funcionando y que la administración continuaría enfocándose en las regiones de alto riesgo. “Los departamentos más afectados por los asesinatos de líderes son aquellos en donde hay mayor actividad ilícita derivada del narcotráfico, la siembra de coca, explotación ilegal de minerales y problemas y conflictos por las tierras”, dijo.

Rojas tiene claro que los delincuentes son la causa de sus problemas, pero dice que el gobierno también ha exacerbado la situación. Mientras estaba en España, la fiscalía abandonó su caso, alegando que no tenía cómo contactarla.

En una conversación desde su casa recientemente, Rojas dijo que no tenía miedo de hablar porque “lo peor ya me ha pasado”. Pero aún teme por su vida.

“Tengo muchas ganas de seguir viviendo porque todavía tengo sueños”, dijo. “Y soñar no cuesta nada”.

*Escrito por Jim Wyss para el Nuevo Herald

 

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