Asesinato de líderes sociales no para: ya van 7 en los 13 días del año
Publicado el Domingo, 13 Enero 2019 - Escrito por El Tiempo

No había terminado el año 2018 o comenzado el 2019 cuando en La Macarena, Meta, asesinaron a otro líder social. 

Aún no se sabe exactamente si la muerte a machetazos de Luis Ángel Peña, fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Los Naranjos fue el 31 de diciembre o el 1 de enero, pero lo que sí está claro es que su nombre se sumó a una larga lista que no para de crecer. Hasta hoy, los líderes asesinados ya son siete, según la Defensoría del Pueblo.

La muerte de líderes sociales es un asunto que se viene advirtiendo desde años atrás y sobre el cual no se han tomado medidas contundentes. De hecho, ni siquiera hay claridad sobre las cifras. La Defensoría del Pueblo registró en 2018, 172 homicidios –lo que equivaldría a uno cada 48 horas–, frente a los 139 que señala la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los 86 que reconoce la Fiscalía o los 200, incluso más, de los que hablan organizaciones no gubernamentales. 

El consolidado de la Defensoría indica que desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, mientras que la Fiscalía habla de 231 en ese mismo periodo. Cifras que, en cualquier caso, han generado una preocupación que va más allá de nuestras fronteras. Incluso a comienzos de 2018 Kate Gilmore, la Alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció desde Ginebra sobre la grave situación de los líderes sociales e hizo un llamado para frenar desde el Gobierno Nacional el asesinato, las amenazas, los atentados y las extorsiones. “Mire, mientras sigan muriendo, nadie está haciendo lo suficiente”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO. 

Desde 1985 se constatan asesinatos de líderes sociales, pero a partir de 2016 se ha registrado un incremento exponencial. Lo más grave, dice Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, es que los ataques a los defensores de los derechos humanos son evidentes. “Sabemos que (los líderes) están afectados seriamente por las amenazas, la censura y las estigmatizaciones en su contra. La situación es compleja y nos preocupa”, dice.

¿Quién los está matando?

El propio Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reconoció el viernes que existe una ‘sistematicidad’ en los asesinatos de líderes sociales. Es decir, hay patrones en cuanto a víctimas y victimarios. 

El 65% de los casos, según Martínez, “se debe a organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”. Y se refirió a grupos armados residuales, al Eln y al llamado Clan del Golfo. Esos son, en su concepto, las estructuras que más están asesinando. Lo que sí descartó es que se trate de una ‘sistematicidad’ que pueda involucrar a agentes del Estado, como ocurrió en los años 80.

Juan Fernando Vargas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario dice, que, en efecto, se trata de un fenómeno sistemático. Vargas y un grupo de profesores investigaron la situación con cifras desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. Su conclusión es que falta análisis para entender el contexto y aplicar soluciones. 

Pero va más allá: “Las muertes no se deben a líos de faldas [en alusión a las declaraciones de Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa durante la presidencia de Juan Manuel Santos]. Esto es algo que está sucediendo con más intensidad y no hay casi acción del gobierno, ni del actual ni del anterior. Si uno mira la distribución de casos en el país, es evidente que se concentra en unas regiones en específico”.

Hay una población objeto de la violencia criminal de distintos grupos armados organizados, pero también de agentes estatales que en acciones encubiertas generan esta violencia

 

Carlos Medina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional e investigador en estos temas, coincide con Vargas. Y añade: “Hay una población objeto de la violencia criminal de distintos grupos armados organizados, pero también de agentes estatales que en acciones encubiertas generan esta violencia”. 

A la peligrosa situación que viven cientos de líderes sociales en el territorio nacional se suman circunstancias que, aunque conceptuales, no dejan de agravar el panorama. Cosas como el hecho de que no haya claridad sobre la definición de líder social o sobre qué móvil del asesinato está ligado o no a las acciones de liderazgo de las víctimas. Eso hace que se ahonden las diferencias de las cifras que presenta cada organismo. 

Son varias las razones por las cuales siguen matando a los líderes, pero la principal, según Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, es que “hay una violencia estructural muy enraizada en los territorios y el Gobierno no ha querido crear una política acorde a esta violencia, se limitan a la protección física. Las clases políticas no ven a todas estas personas como parte importante de la democracia, son sectores populares, pobres, marginales, que no implican costos económicos fuertes para el Estado”. 

Coincide con ella el Alto Comisionado Brunori, quien afirma que hay causas estructurales como poco acceso a derechos de muchas comunidades; además, explica que falta presencia integral del Estado en todos los territorios: “Hay violencias persistentes y arraigadas, hay entrada de otros grupos armados ilegales y de grupos delictivos que se disputan territorios y economías ilícitas, hay –en ocasiones– megaproyectos que pondrían en riesgo la vida de quienes reclaman derechos; continúa el conflicto con el Eln, con el Epl; hay aún impunidad frente a los homicidios, ataques, amenazas y estigmatización de defensores y hay problemas de corrupción. Todo este panorama es muy complejo para la defensa de los derechos humanos”.

¿Y ahora qué?

El pasado viernes el Ministerio del Interior aseguró que a partir de esta semana retomará las visitas a las regiones más vulnerables para los líderes sociales. Se llevarán a cabo reuniones en Caucasia (Antioquia), el Bajo Cauca antioqueño, Montes de María, Catatumbo y Bajo Atrato. El presidente Iván Duque anunció también el “fortalecimiento” de las medidas del Gobierno para aumentar la protección a los amenazados. Para muchos de ellos esa protección es su última esperanza.

`Tengo miedo de que me pase algo’

 Son las 4 a. m. del 17 de diciembre, los perros que viven con ella en su casa ladran. Erika Prieto y su esposo se despiertan y ven que una persona camina por entre los tejados alejándose de su casa, lleva una bolsa en la mano. Ellos, asustados, llaman a la policía, no se atreven a bajar. Después de investigar lo sucedido se dan cuenta de que esa sombra había entrado a su casa. No robó nada. Ella es líder del Congreso de los Pueblos, defensores de los derechos humanos. La primera amenaza la recibió en el 2012, cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, por su trabajo social. Tiene miedo, no sabe qué pasa, pero sigue.

 *Escrito por El Tiempo

 

 

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