Comunicado a la opinión pública: Las Consultas populares son una conquista democratica
Publicado el Miércoles, 25 Octubre 2017 - Escrito por Mesa Social Mineroenergética y Ambiental

La Mesa Social Mineroenergética y Ambiental por la Paz - MSMEYA- reunida en la Ciudad Bogotá durante los días 19 y 20 de octubre 2017, después de finalizar un análisis riguroso sobre la importancia que tiene para la democracia de nuestro país el elemento de la Participación Ciudadana en las decisiones que los afectan y el especial valor de los mecanismos de participación, tales como:

La Consulta Popular, la revocatoria de mandatos, la iniciativa popular normativa, las Consultas Previas, entre otras, y notificados de la grave amenaza que se cierne sobre ellos desde las iniciativas del gobierno nacional que pretende eliminar o restringir el poder del constituyente primario, bajo la argucia de los costos económicos de la operativización de dichos mecanismos; Nos obliga a pronunciarnos con un categórico rechazo contra este atentado a la democracia y un ferviente respaldo en favor de la paz construida desde abajo.

Nuestra posición y pronunciamiento se sustenta en las siguientes, razones:

1. Colombia se encuentra en un proceso de construcción de paz, dentro del cual se ha reconocido que una de las múltiples causas y detonantes del conflicto armado interno en Colombia, ha sido la ausencia de escenarios de diálogo, reconocimiento a los territorios, interlocución y toma de decisiones concertadas.

2. Este déficit histórico de la democracia colombiana no solo limita hasta hacer casi inocuo el papel del constituyente primario, sino que además, y esto es lo más grave, ha ocasionado que la mayoría de estos mecanismos de consulta y participación establecidos en la carta magna, sean percibidos como parte de un insulso ritual en el que se impone el aforismo según el cual: “yo participo, tu participas, nosotros participamos,...ellos deciden”. Las consultas populares no son una concesión caprichosa se las elites gobernantes, son una conquista democrática de la población plasmada en la Constitución del 91

3. Que la implementación del modelo mineroenergético y la transición energética, ocupa un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales, políticos, ambientales, campesinos, estudiantiles y populares en Colombia y por tanto los megaproyectos minero energéticos y de hidrocarburos que antes eran aceptados sin discusión alguna por parte de la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problemáticas sociales y de intensos debates, entre la comunidad, las empresas y el gobierno.

4. Las organizaciones, comunidades y sectores sociales, estamos participado a través de la Consulta Popular, la Revocatoria de mandatos y la Iniciativa Popular Normativa, la consulta previa, entre otros, en un ejercicio amplio, plural, incidente y vinculante que le permite a las comunidades y a los territorios avanzar en el diseño y ejecución de una nueva arquitectura, económica, política, institucional y cultural que haga realidad la vocación socioeconómica del territorio y concrete el anhelo de un país para todas y todos.

5. Que actualmente la discusión sobre la realización de las consultas populares como las desarrolladas en los Municipios de Jesús María Santander, Pijao Quindío, Arbeláez Cundinamarca, Cajamarca Tolima, Cabrera, Granada y Cumaral en el departamento del Meta, entre otro centenar que están previstas en los múltiples y variados municipios de Colombia. Vienen siendo boicoteadas u obstaculizadas desde el gobierno nacional en abierto desconocimiento a la Constitución, la ley, el Punto 2 del acuerdo de la Habana y en abierto favorecimiento a los intereses de las multinacionales.

6. En desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno y el ELN en Quito, el tema de participación de la gente ocupa un lugar prevalente, por lo tanto no es coherente que por otro lado el gobierno actué cerrando los espacios democráticos de participación.

7. Que dada la evidencia de los daños sistemáticos en el ecosistema, en la mayoría de casos irreversibles, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida en nuestros territorios, han obligado a que las comunidades se organicen y se pronuncien mediante las consultas populares y la

movilización social.

8. Que la desesperada actuación del gobierno nacional por cumplirle a las multinacionales en su propósito de saqueo de los bienes de la naturaleza, lo han llevado a una acción desesperada, ilegal y abusiva al desconocer los fundamentos constitucionales del artículos 2o, 79 y 103 de la constitución nacional y los fundamentos legales que consideran las consultas populares un mecanismo de participación ciudadana, tal y como está establecido en las leyes 134 del 94 y 1757 del 2015.

9. El planteamiento del gobierno nacional a través de su Ministerio de hacienda pone por encima la economía de los derechos democráticos y la soberanía ejercida de manera directa por el pueblo como lo reza el artículo 3o de nuestra constitución política.

Dadas todas las anteriores razones, nuestra coordinación nacional de la Mesa Social Minero energética y Ambiental, reunida en asamblea y por unanimidad,

RESUELVE:

1. Exigir de parte del Gobierno Colombiano, en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS, que en cumplimiento de sus deberes Constitucionales y en consonancia con los propósitos de construcción de paz, reconozca que una de las múltiples causas del conflicto social en Colombia, es la ausencia de escenarios de diálogo, reconocimiento a los territorios y su vocación socio-económica, así como una mayor interlocución y toma de decisiones concertadas con las comunidades.

2. Que en consecuencia ordene a el Ministro de Hacienda, MAURICIO CARDENAS y al Departamento Nacional de Planeación, que SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA todos los actos administrativos que tiendan a limitar, restringir, desfinanciar o eliminar la posibilidad del desarrollo de las Consultas Populares.

3. Reconocer desde esta Mesa Social Mineroenergética y Ambiental MSMYA, el ejercicio de las consultas populares, como un ejercicio de autonomía, autodeterminación y soberanía de los pueblos.

4. Exigir del Estado Colombiano reconocer que las Consultas Populares son consultas regulares con todos los requisitos definidos en la norma y por dicha razón, el encargado de financiarlas es el Estado, y que por ello debe aportar los recursos a la Registraduría Nacional para que proceda a realizar las respectivas elecciones que convocan las comunidades y promoverlas en todas sus actuaciones para contribuir al goce efectivo del derecho a la participación y la construcción de una democracia viva.

Mesa Social Minero energética y Ambiental por la Paz - MSMEyA

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