Ocho años de ausencia: ocho años de impunidad
Publicado el Martes, 09 Febrero 2016 - Escrito por Minga

El pasado 06 de febrero se conmemoraron 8 años de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y  Jaime Estiven Valencia Sanabria a manos del Ejercito Nacional de Colombia. Este mismo día, se informó a las familias que sus casos están ad portas de ser reasignados a un nuevo fiscal, lo que significaría retrasar aun más, las diligencias judiciales que en estos años han presentado pocos avances. 

Ante estos hechos, las familias de estos jóvenes, reclaman a la Fiscalía General de la Nación no continuar dilatando este proceso cuya investigación penal ha sido reasignada en varias ocasiones pues, inicialmente fue asumida por juzgados de  instrucción penal militar, el 25 de febrero de 2009 fue asignada a la fiscalía 72 de DH de la ciudad de Cúcuta, desde donde en agosto de 2010 se remitió a la fiscalía 97 de la unidad de DH y DIH  de la ciudad de Bogotá,  despacho  que solo 5 años  después,  el  11 de noviembre de 2015, convocó a audiencia de  imputación de cargos, diligencia que no se pudo llevar a cabo por la no comparecencia de los militares involucrados.

La noticia del nombramiento del fiscal que lleva el caso desde hace 5 años, a Fiscal delegado ante la corte, aumenta el retraso en la consecución de justicia, pues actualmente estos tres casos se encuentran a la espera de ser reasignados, situación que deja el proceso nuevamente  en el punto  de partida, ya que a la fecha formalmente no se ha imputado cargos a ninguno de los responsables pese a contar con todo el material probatorio  para  demostrar la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional en estas graves violaciones a los derechos humanos.

El poco avance en el caso de estos jóvenes, reconocido por hacer parte del fenómeno de los llamados “Falsos Positivos”, despierta gran preocupación en las organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Asociación MINGA, pues con esto se reafirma la poca disposición del Estado en el esclarecimiento de la verdad ante lo sucedido, y contrasta con los propósitos de la paz que propenden por la dignificación de las víctimas y las garantías de verdad, justicia y no repetición de los hechos.

Extendemos  toda nuestra solidaridad a las familias de estas víctimas  que han tenido que sufrir un verdadero viacrucis  en  pro de  establecer la verdad de los hechos, y lograr las sanciones de ley contra los asesinos de sus hijos.

 

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