Crónica: El movimiento campesino del Catatumbo, desde adentro
Publicado el Jueves, 08 Junio 2017 - Escrito por Minga

 Compartimos la crónica realizada por el diario el Espectador en el marco de la instalación de la Minga Nacional, campesina, agraria, étnica y popular, en el punto de Besotes -Cesar-  donde se encuentra concentrados los campesinos del Comité de integración social del Catatumbo CISCA. 

Once camiones y dos buses repletos con 800 campesinos atravesaron las desastrosas trochas del Catatumbo durante el fin de semana pasado. Por seguridad, lo hicieron por las vías más difíciles y cambiando de rumbo sin aviso. Avanzaron pese al amplio despliegue de la Fuerza Pública y de la tensión que suscitó en la región el secuestro, durante la semana previa, de tres periodistas, entre ellos Salud Hernández, por parte del Eln. 

El último sábado de mayo en la noche los agarró la tempestad. Acamparon en refugios improvisados. A la madrugada siguiente retomaron camino. Tuvieron que bajarse a llenar lonas con tierra para armar las vías por la montaña, las mismas carreteras que le piden al Estado desde hace décadas.

Hacia el mediodía la caravana atravesó Ayacucho, en el sur del Cesar. El tranquilo pueblo estaba en medio de sus ceremonias religiosas. Los católicos recorrían el parque caminando tras una estatua de la Virgen, mientras otras cuatro iglesias cristianas llenaban el pueblo con sus cantos y su música.

En esas cruzaron los camiones a toda velocidad. Los campesinos, atestados en las carrocerías, saludaban a su paso. Estaban enteros, aunque la noche anterior estuvo pasada por la tempestad y el mal sueño. Su destino “fachada” era La Mata, al sur del Cesar, sobre los límites con Norte de Santander, pero se detuvieron antes, en Besote, donde finalmente se asentaron.

Los campesinos, con el estómago vacío hacia el mediodía, comenzaron las arengas: “El Catatumbo se respeta, no somos el Bronx de Colombia”. Así le respondían al presidente Juan Manuel Santos, que el día anterior había comparado la plaza de vicio más grande de Bogotá con sus territorios enclavados en Norte de Santander.

Los que se movilizaban, respondiendo a la convocatoria nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, eran los integrantes del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca). Sus reclamos, en general, son los mismos de la movilización en los otros puntos del país. El incumplimiento de los acuerdos entre los campesinos y el Gobierno firmados en 2013, que incluyen la inversión de cerca de $1 billón en desarrollo rural y cambios en el modelo económico. El mismo presidente Santos reconoció que “hace falta mucho y hay muchas necesidades en el campo”, aunque sostuvo que están trabajando en las peticiones.

El Cisca es sólo una de las cuatro organizaciones que mueven la movilización campesina en la región. De su movimiento se desprendió la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), con bastante influencia en la región. También tienen fuerza el Movimiento por la Constituyente Popular y los indígenas barís. Los cuatro han surgido en uno de los contextos más complejos del país, marcado por la presencia de las Farc, el Eln, el Epl, los paramilitares y la fuerte militarización de ese territorio.

Y lo han hecho con ímpetu, como consecuencia de un movimiento campesino que se viene consolidando desde hace 50 años, jalonando un pueblo que supo que tenía que organizarse para gestionar su desarrollo, ante la ausencia del Estado y pese a las arremetidas violentas de guerrillas, “paras” y la Fuerza Pública. Resulta al menos sorprendente tal fuerza de un movimiento social en un ambiente tan adverso.

No habían pasado diez minutos del desembarque en Besote, sobre la Ruta al Sol que conecta la región con la Costa Caribe, cuando 20 soldados llegaron en motos. Todos los parrilleros llevaban los fusiles al aire. Se apostaron al otro lado de la vía, frente a los campesinos. La escena era amenazante. Los uniformados dijeron que estaban en un procedimiento de rutina.

Poco después, un hombre con el rostro tapado llegó en una moto sin placas y, parado junto a un grupo de policías, empezó a tomarles fotos a los manifestantes. La tensión iba en aumento. Pero los campesinos estaban decididos a mantener la calma, a no precipitar sus planes. El bloqueo de la vía sólo se haría cuando llegaran órdenes desde la dirigencia nacional de la Cumbre.

Los campesinos entraron a una finca aledaña a la vía. Montaron cocinas, cortaron leña, se aprovisionaron con agua de una quebrada y armaron cambuches con troncos y lonas de plástico. En cuestión de horas, antes del anochecer, el terreno antes vacío se convirtió en un poblado improvisado. En la noche se desplegaron los grupos encargados de los anillos de seguridad y hacia las 10: 00 p.m. la mayoría estaban durmiendo.

La mañana siguiente era la hora cero del paro agrario nacional. En todo ese despliegue y en otros hechos como el manejo del lenguaje y la coherencia del discurso de sus integrantes, quedó evidenciado el poder de organización de los campesinos del Catatumbo, al menos de los que se agrupan en el Cisca. Esa organización que, dicen sus miembros, fue la respuesta social y política a la brutal entrada del paramilitarismo a sus territorios.

Los grupos armados y el movimiento

“Por el abandono estatal, el Catatumbo tuvo que aprender a resolver sus propios problemas”, dice Edíver Suárez, uno de los fundadores y actual vocero del Cisca. Por eso las juntas de acción comunal, base actual de ese movimiento, se arraigaron en la zona desde los 60. Esas organizaciones gestionaban recursos con peajes para construir carreteras, recaudaban para arreglar las escuelas. Los pleitos entre vecinos y hasta los de parejas eran resueltos por las juntas. Lo que se plasmaba con tinta en sus actas tenía alcance de norma.

Pronto aparecieron las primeras amenazas violentas a las organizaciones campesinas. En los 70 y 80 llegaron el Epl y las Farc. Entonces tuvo lugar la primera oleada de asesinatos, extorsiones y desplazamientos. Las guerrillas amenazaron líderes y pretendían sustituir el rol de las juntas, así lo recuerda Pablo Téllez, cuyo padre fue fundador de una de las primeras juntas de El Tarra, hacia 1958. “Pero la comunidad se empoderó de tal manera que ellos empezaron a respetar su autoridad. Cuando alguien les pide que resuelvan algún pleito, los mandan primero a las juntas”, cuenta.

En esos años también se dieron las primeras grandes movilizaciones en Norte de Santander, César y Bolívar, los tres departamentos que hoy tienen representación en la movilización de Besote. Un hito para la región fue el paro del nororiente colombiano, en el que se pidió la formalización de la propiedad de la tierra y la provisión de electricidad, vías, educación y salud. Reclamos similares a los que hacen hoy.

Esa manifestación desembocó en la persecución de muchos de sus participantes por parte de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, según se recoge en el informe “Con licencia para desplazar”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Los primeros años de los 90 significaron el esplendor del movimiento social en la región. Se fortalecieron las juntas y se crearon organizaciones de comerciantes y ganaderos. La movilización fue promovida por grupos de izquierda que se abrían camino: la Unión Patriótica y el Frente Popular, por ejemplo. Pero hacia finales de esa década, el trabajo de la comunidad, con la violenta incursión paramilitar en el Catatumbo, estuvo a punto de desaparecer.

En 1999, Carlos Castaño Gil anunció la confrontación de las Auc con las guerrillas en esa región, fortín de la insurgencia, donde se habían extendido los cultivos de coca. Incluso, el máximo jefe “para” bautizó el terror que se avecinaba como “Proyecto Catatumbo”. Desde Urabá partieron 220 paramilitares que cruzaron Córdoba, Sucre y Bolívar sin ser detenidos por autoridades, hasta que arribaron a Norte de Santander.

Lo que vino fue el período más violento de la historia de los 11 municipios que componen el Catatumbo. Según cifras del CNMH, entre 1980 y 1997, 1.030 personas habían salido desplazadas de la región. Entre 1997 y 2004, durante la incursión “para”, 77.000 personas huyeron de esas tierras. Las masacres arreciaron. Los paramilitares estaban decididos a acabar no sólo a las guerrillas, sino también al movimiento social. Y casi lo logran.

En 2004, paralelo a la desmovilización de los paramilitares -1437 miembros del bloque Catatumbo entregaron armas en el proceso- el movimiento social empezó a planear su resurgimiento. En Teorama se reunieron 450 personas a buscar estrategias para blindarse de la amenaza paramilitar y de su rearmamiento -que se dio en los años posteriores- y a pensar en un proyecto social y político que interpretara los objetivos que se trazaban desde las juntas. En 2005, en El Tarra, se constituyó el Cisca. Era la respuesta a la embestida paramilitar y el retorno a la organización de los campesinos.

La apuesta política

El poblado de plástico de Besote sigue creciendo con cientos de campesinos de Cesar y Bolívar que se han unido a los del Catatumbo, como en los tiempos del paro del nororiente. Hay cambuches con arrobas de comida. Decenas de hamacas están tendidas entre los árboles. Incluso hay una ambulancia lista para atender las urgencias médicas. Todos están dispuestos a permanecer allí hasta que el Gobierno central los escuche y vea la voluntad de cumplir promesas. Durante el paro de 2013, promovido en la región por Ascamcat, se manifestaron durante dos meses, en los que murieron cuatro personas.

Pero la movilización del Catatumbo va más allá de los antiguos reclamos y las promesas incumplidas. En el territorio se está gestando una apuesta política de cara al posacuerdo -prefieren usar esa palabra en vez de posconflicto-. El Cisca ha ganado terreno electoral. Tiene 10 concejales en la región y el hoy senador Alberto Castilla fue uno de los fundadores del movimiento. Todos han logrado sus escaños bajo el aval del Polo Democrático.

Ascamcat, por su parte, es cercana a Marcha Patriótica. Mientras que los barís le apuestan a que sus territorios sean respetados, sobre todo frente a las zonas de reserva campesina. Los indígenas, sin embargo, son muy cercanos al movimiento campesino. El lazo se afianzo durante la incursión paramilitar, cuando muchos desplazados se refugiaron en sus territorios.

Pese a que tienen objetivos distintos, los grupos reconocen que su unidad es determinante para lo que vendría en la región, después de la firma de la paz. Incluso están abiertos a recibir a los guerrilleros desmovilizados. Sin embargo, dicen en el Cisca, las Farc, ya sin armas, tendrían que acogerse a la forma de organización de su movimiento, que tiene como base sus 113 juntas de acción comunal. “Somos un movimiento de puertas abiertas si quieren vincularse y acogerse a nuestra manera de organización”, dice Bellyamin Pérez, concejal de Convención.

Además, están promoviendo la instalación de la Mesa Social para la Paz. Un propuesta que se materializaría como un nuevo escenario de diálogos, en el que el Gobierno tendría que negociar el modelo de país con los actores de la sociedad civil, como lo viene haciendo con la guerrilla. Edíver Suárez sostiene que, en el posacuerdo, es vital para el Catatumbo que se aceleren las negociaciones con el Eln y que el Gobierno le dé reconocimiento político al Epl. Debería también negociarse, dice, con ese grupo armado, que aún es un actor determinante en el Catatumbo. Así se piensa en un movimiento campesino que pueda seguir creciendo sin la amenaza armada que los ha perseguido por casi medio siglo.

Mientras en los otros puntos del paro ya ha habido bloqueos, enfrentamientos con la Fuerza Pública y hasta muertos, los campesinos del Catatumbo siguen aguardando su momento. No hay prisa. Es un movimiento que, en el contexto más adverso, aprendió a calcular sus planes.

Así avanza el paro agrario

Después de seis días de Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en más de 17 departamentos, el Gobierno y las comunidades se han puesto de acuerdo en una cosa: la deuda con el campo colombiano sigue vigente. Así lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos: “Yo sé que hace falta mucho, que hay necesidades en el campo y gente inconforme”. Por su parte, la Cumbre Agraria, cabeza de la movilización, sigue firme en que la deuda no se reduce a los acuerdos incumplidos de la movilización de 2013, sino que es histórica.

El paro, que puso a los ministros de Gobierno a recorrer las zonas más remotas donde se concentran los manifestantes, se originó en abril pasado, luego de que los voceros de las trece organizaciones sociales que conforman la Cumbre evaluaron el avance de lo pactado hace dos años. La conclusión: la deuda de los últimos compromisos asciende a cerca de $1 billón, pactados para el desarrollo del agro y la infraestructura del campo.

Esto sin contar con el nulo avance que, señalan los voceros, ha tenido el pliego central de la negociación donde están los puntos estructurales: tierra, territorio y soberanía, el modelo minero-energético y la sustitución de cultivos de uso ilícito. “La esencia de la negociación está en los acuerdos de fondo, porque estamos rechazando el modelo económico. Estamos planteando que sea más ambiental, en defensa de la vida y los derechos de los colombianos”, explicó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones movilizadas.

Por su parte, un estudio de la Defensoría del Pueblo soporta las reclamaciones de las comunidades. La entidad sostiene que el avance del cumplimiento de lo pactado en 2013 está en 42 %.

El Gobierno, sin embargo, dice que vienen trabajando desde hace cinco años para cumplir las peticiones de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Según su balance, en 2015 y 2016 se comprometieron $250.000 millones para proyectos de estas comunidades. Además rescata que en lo que va del paro ya se han convocado escenarios de diálogo. El presidente Santos, por ejemplo, anunció que se reunirá el 22 de junio con la Cumbre Agraria para hacerles seguimiento a los acuerdos. Y aunque los representantes de las comunidades han expresado la voluntad de dialogar con el presidente, dejaron claro que no firmarán más acuerdos. Lo que piden es que se trace una hoja de ruta para materializar lo que ya se concertó.

“Debe haber asignaciones presupuestales comprometiendo vigencias futuras y un diálogo claro con el presidente, si pretenden que levantemos la movilización”, expresó Cesar Willian Díaz, representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano.

Mientras las partes ponían sus puntos sobre la mesa, en las regiones el ambiente se caldeaba. El bloqueo de las vías en Cauca y Valle detonó la incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La confrontación dejó tres muertos y cientos de heridos entre manifestantes y Fuerza Pública. En medio quedaron los pasajeros, y principalmente los transportadores de carga, que ya tasaron sus pérdidas alrededor de $1.466 millones, según Colfecar. En la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, más de cien manifestantes fueron retenidos el viernes por el Esmad, según informaron organizadores del paro.

Con ese ambiente, el reto del Gobierno es aprovechar los espacios de conciliación programados para que la situación de orden público no se le salga de las manos y la movilización no se prolongue. Entretanto, las comunidades han anunciado que no se retirarán de las carreteras hasta que el Ejecutivo demuestre con hechos que cumplirá su palabra.

La agenda del Gobierno en el paro agrario

Para la mañana del próximo martes quedó convocada una reunión extraordinaria de la Mesa Única Nacional, a la que se sentarán los ministros y los directores de las entidades estatales que tienen relación con los temas del pliego de peticiones del paro. Allí seguirá la discusión con las comunidades y los representantes de la Cumbre Agraria. También se anunció que el 22 de junio, el presidente Juan Manuel Santos se reunirá con la Cumbre Agraria para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Entretanto, desde el Gobierno se han resaltado los avances derivados de los acercamientos con los líderes de la movilización en distintas regiones. En Chocó, por ejemplo, se abrirán este mes la Mesa de Minería Ampliada y la Mesa Indígena, para diseñar planes de formalización minera y de desarrollo socioeconómico. Representantes del Gobierno también dialogarán con los pueblos indígenas de Puerto Gaitán, y el 4 de julio se revisará el cumplimiento de acuerdos suscritos con la comunidad uwa, en Nariño.

* El viaje del que se derivó este reportaje se realizó por invitación de la Asociación Minga.

Nota completa en el Espectador

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